Por Gabriela Ensinck
Según un informe presentado por las Cámaras del sector, CATRIES y CAITPA «menos del 5% de los residuos peligrosos generados por industrias en Argentina reciben el tratamiento adecuado, y sólo el 21% de las empresas generadoras de este tipo de residuos contratan servicios de tratamiento y disposicioń adecuados».
Ante la ausencia de datos oficiales, las entidades que agrupan a las empresas operadoras de residuos peligrosos elaboraron un informe que se presentó a la prensa el 20 de octubre. En él detallaron que cada año se generan más de 17 millones de Toneladas anuales de este tipo de residuos, que apilados equivalen a 100 mil obeliscos.
Pero el dato más alarmante es que solo 3,7 millones de toneladas llegan alguna de las 121 plantas de tratamiento inscriptas en las provincias. De hecho, solo 7 provincias cuentan con planta de tratamiento para sus residuos peligrosos, aunque se estima que estos se generan en todo el territorio.
Así, más de 14 millones de Toneladas de residuos peligrosos quedan fuera del sistema, tal vez en alguno de los 5 mil basurales a cielo abierto que según datos del ministerio de Ambiente, existen en la Argentina, o en los cauces de ríos y arroyos.
A esto se suma, que en tiempos de pandemia, los residuos patogénicos generados en centros de salud, pero también en hogares, comercios y lugares donde hay personas infectadas con o sin síntomas, representan un importante foco de contagios.
Según estimaciones de Catries y CAITPÄ, en 21019 se generaron 60 mil toneladas de residuos patogénicos en instituciones hospitalarias y este año, las proyecciones indican que estarán por encima de las 80 mil Toneladas. Sin contar, los residuos sólidos urbanos potencialmente contaminados.
A esto se suma que «la Ley de Residuos Peligrosos, (Nr 24051), sancionada en 1991, antes de la reforma constitucional, no contiene presupuestos mínimos, por lo que las provincias no están obligadas a cumplirla, y muchas provincias y municipios tienen sus propias normativas que difieren entre sí. Esto complica la gestioń de permisos y la propia gestión de los residuos peligrosos», señaló Claudia Kalinec, titular de CATRIES.
Por otra parte, «la coyuntura económica hace que las empresas ajusten sus costos por el lado del tratamiento de sus residuos», apuntó.
El informe dejó varios interrogantes. Qué pasa con los residuos peligrosos de 143.000 empresas potenciales generadoras? A dónde van a parar? Cuál es el costo ambiental de las más de 14 millones de toneladas de residuos peligrosos que no reciben un adecuado tratamiento? ¿Cuál es el costo sanitario de esta contaminación, quiénes lo pagan? ¿Cuál es el beneficio para las empresas que hacen bien las cosas y cuál el castigo para quien no lo hace? ¿Por qué no hay estímulos económicos para que las empresas asuman la responsabilidad sobre los residuos que generan? Se preguntó Gustavo Solari, presidente de CAITPA.
«Si nadie controla cuanta basura genero, y la saco todos los días porque total un camión se la lleva y no me cuesta nada, no me voy a ocupar de generar menos o separar los residuos. Lo mismo ocurre con las industrias», describió Kalinec.
¿ Por qué no hay una base de datos centralizada de todas las provincias acerca de la generación y operación de residuos
industriales y peligrosos? ¿ No podría estar atada a la coparticipación?
¿ Con qué recursos cuentan las provincias para hacer frente a los pasivos ambientales generados por la mala gestión de estos residuos? ¿Es justo que se paguen con recursos del Estado?
Columna de @gabiensinck en @agendapyme
