El pedido central es que el Gobierno instruya a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para segmentar las sanciones según el tamaño de la empresa.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) envió una propuesta formal al ministro de Economía, Luis Caputo, para modificar el esquema de sanciones de la nueva Ley de Inocencia Fiscal. La entidad solicita una reducción porcentual de las multas por incumplimientos formales, argumentando que los montos actuales son desproporcionados para las pymes. Según la organización, el objetivo es preservar el entramado productivo federal y evitar que errores administrativos se conviertan en cargas financieras asfixiantes.
El pedido central de CAME es que el Gobierno instruya a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para segmentar las sanciones según el tamaño de la empresa. La propuesta contempla una escala de beneficios que va desde una reducción del 90% para las microempresas y personas humanas, hasta un 20% para las medianas empresas del Tramo II. Para las pequeñas empresas, la quita solicitada es del 70%, mientras que para las del Tramo I se pide un descuento del 40%.
Desde la entidad empresarial aclararon que no buscan eliminar la responsabilidad fiscal, sino adecuar las multas a la realidad económica de los contribuyentes. Advirtieron que, en algunos casos, las sanciones previstas por la ley se incrementaron significativamente en relación con los valores anteriores, llegando a ser «onerosas» para quienes sufren atrasos de apenas un día por problemas operativos. CAME sostiene que la ley debe ser una herramienta de regularización y no una nueva fuente de presión tributaria para el sector.
La Ley de Inocencia Fiscal, además de las sanciones, introduce cambios estructurales como la elevación de los umbrales para delitos de evasión simple y agravada. Por ejemplo, el piso para considerar una evasión como agravada pasó de 15 millones a 1.000 millones de pesos, buscando actualizar cifras que habían quedado desfasadas por la inflación. También reduce los plazos de prescripción de 5 a 3 años para los contribuyentes cumplidores, intentando simplificar el vínculo entre el Estado y el sector privado.
Luis Caputo respondió recientemente a las inquietudes del sector aclarando que las multas por no presentar documentación en término no serán aplicadas de forma automática. El ministro explicó que primero se enviará una intimación al contribuyente, otorgando un plazo adicional antes de ejecutar cualquier sanción económica. Este segundo pedido de CAME busca que ese alivio se traduzca en una norma complementaria que brinde mayor previsibilidad a las pymes durante el actual proceso de reforma económica.
