El sistema tiene como objetivo verificar que se cumpla con la integración de componentes locales prometida para acceder a las exenciones impositivas.
El Gobierno Nacional decidió modificar las condiciones para las empresas que operan bajo el beneficio de arancel cero en la importación de motocicletas, triciclos y cuatriciclos. A través de una nueva disposición de la Secretaría de Industria y Comercio, se implementó un sistema de fiscalización más riguroso que tiene como objetivo central verificar que las terminales cumplan con la integración de componentes locales prometida para acceder a las exenciones impositivas.
La normativa establece que la Dirección de Evaluación y Promoción Industrial será el organismo responsable de auditar las plantas de ensamblaje y los procesos productivos. Para fortalecer este esquema de control, las autoridades podrán trabajar en conjunto con instituciones técnicas públicas, asegurando que cada vehículo que ingresa al país desarmado o incompleto realmente contribuya al desarrollo de la cadena de valor nacional.
Un cambio fundamental en esta etapa es la introducción de un costo administrativo para las empresas del sector. Las compañías deberán abonar una tasa de entre el 1% y el 1,5% sobre el valor de los derechos de importación que les fueron condonados, fondos que se destinarán a financiar el propio sistema de auditoría. Este pago se realizará en moneda nacional y es un requisito indispensable para la continuidad de los beneficios fiscales que, en principio, se extienden hasta finales del año 2028.
Además de los nuevos costos, las empresas están obligadas a presentar declaraciones juradas anuales detallando su actividad. El incumplimiento de los niveles de producción o la falsedad en la integración de partes nacionales podría derivar en la suspensión inmediata del beneficio y la aplicación de multas severas. De esta manera, el Ejecutivo busca profesionalizar el seguimiento del sector y garantizar que el alivio fiscal se traduzca de forma efectiva en empleo y tecnología local.
