Tras una nueva sesión maratónica, la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública  en la madrugada del sábado 21 de diciembre. Dicha Ley contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

La iniciativa fue aprobada  en el Senada por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención tras un debate de casi ocho horas en el que 33 senadores, sobre 65 presentes, hicieron uso de la palabra.

El viernes, la Cámara de Diputados le había dado media sanción, con 134 votos a favor y 110 en contra.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y que ayer a la mañana fue sancionado por la
Cámara de Diputados, recibió el apoyo de la bancada del Frente de Todos y de sus
aliados, como Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), pero también del santafecino Carlos Reutemann integrante del interbloque Juntos por el Cambio como representante del bloque Santa Fe Federal.

En contra lo hizo el resto del interbloque de Juntos por el Cambio, en tanto que la riojana María Vega, quien hoy juró como reemplazante de la radical Olga Brizuela y Doria (electa intendenta de La Rioja), se abstuvo.

El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.

Los principales ejes son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o  atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

Se eximen de esta medida a las víctimas de la Ley Brisa, judiciales, docentes, ex funcionarios nacionales y científicos ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.

Cuando la medida comenzaba a debatirse, se conoció la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar un proyecto de ley para que sea debatido durante las actuales sesiones extraordinarias para terminar con las jubilaciones especiales en la Justicia y en el Cuerpo Diplomático.

El oficialismo logró el quórum sin la presencia de la oposición que, sin embargo, no
impidió que el Frente de Todos lograra los votos positivos de los dos tercios de los
miembros presentes en el recinto que se requieren para debatir la cuestión sobre tablas.

El debate de la iniciativa estuvo interrumpido durante casi dos horas por pedido del interbloque de Juntos por el Cambio, cuyos miembros reclamaban que no habían llegado a leer el texto aprobado por la Cámara baja tras una sesión de más de veinte horas que terminó cerca de las diez de la mañana.

Antes de pasar al cuarto intermedio, la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti anunció que el presidente Alberto Fernández había notificado que ampliará el período de sesiones extraordinarias para discutir un proyecto que elimina las jubilaciones de privilegio en el Poder Judicial y en el cuerpo diplomático.

La cuestión previsional era uno de los principales pilares sobre los que se armó la estrategia de la oposición para votar en contra el proyecto que excluía de la suspensión de la movilidad jubilatoria a los regímenes especiales.

La sesión, además, consistió en el debut de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como moderadora del debate como presidenta del Senado, en un rol que cumplió con rigor y ateniéndose al reglamento.

El presidente del bloque del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, reconoció que en la Argentina “hay un cuadro muy importante de injusticia social” y aseguró que “en 2001 la deuda superaba el 100 por ciento del PBI y ahora estamos en el 150 por ciento”.

Además, recordó que cuando Cristina Fernández de Kirchner entregó el poder en 2015 “la relación de la deuda con el PBI era del 40 por ciento”. “Casi llegamos a la independencia económica. Nos faltó tiempo”, evaluó.

En tanto, el senador oficialista Jorge Taiana, en su discurso interpretó que el voto en contra de la oposición obedece a que “en líneas generales y muy mayoritariamente pretende negar la gravedad de la situación en la que han dejado el país”.

“La Ley de Emergencia, la reconstrucción, la necesidad de tomar medidas especiales, todo eso no se justifica si se logra limar la idea de que estamos efectivamente al borde del precipicio”, reflexionó.

Por su parte, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff justificó la votación en contra de la oposición porque consideró que la declaración de la emergencia era innecesaria.

“Cuando se tienen mayorías y la voluntad de una oposición de construir, ¿para qué repetir la historia de nueve emergencias? Tienen un país gobernado y gobernable, no tienen necesidad de esta delegación”, precisó.

Además, insistió con que “esta es una ley que esconde un ajuste enorme, con mayor carga tributaria que pagan los sectores medios y los sectores productivos”.

Finalmente, el porteño de Juntos por el Cambio Martín Lousteau manifestó que la Argentina “fracasó en su performance colectiva como sociedad” y que el país “está en situación de extrema fragilidad”.

Además, criticó el proyecto de Ley argumentando que “trae una emergencia, pero delega más facultades que la emergencia votada en 2002, con la peor crisis económica y política de la historia” y calificó a la ley aprobada hoy como “un impuestazo”.

Sobre las retenciones

El Congreso facultó al Poder Ejecutivo a aumentar los derechos de exportación en tres puntos porcentuales para determinados productos agropecuarios y a establecer “mecanismos de segmentación y estímulo” para pequeños productores y cooperativas que serán alcanzadas por las retenciones.

Asimismo, la norma -que sufrió modificaciones durante su tratamiento en la Cámara de Diputados promovidas por el Gobierno- plantea que “las modificaciones de las alícuotas deberán ser informadas por el PE ante una comisión integrada por miembros del Poder Legislativo, del Consejo Federal Agropecuario y representantes de las entidades y organizaciones representativas del sector agropecuario para que se expidan al respecto”.

La ley prevé darle la facultad al PE de aumentar en tres puntos porcentuales los derechos de exportación de determinados productos agropecuarios y establecer nuevos topes.

De esta manera, el Ejecutivo podrá incrementar las retenciones al poroto de soja hasta 33%, mientras que los cereales como el maíz y el trigo podrían llegar hasta 15%.

Las carnes, la leche en polvo, la lana y otras producciones hasta el momento tributan 9%, aunque el Ejecutivo podría llevarlas hasta el tope de 15%.

Por su parte, las producciones agroindustriales de las economías regionales se ubicarán en 5%, productos a definir por el Gobierno.

En la sesión en Diputados se incluyó un artículo en el cual el Gobierno “deberá establecer mecanismos de segmentación y estimulo tendiente a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación”.

Asimismo, “establecerá criterios que estimulen la competitividad de la producción federal en función de las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización”.

Estos dos nuevos puntos no contaron en la aprobación de la Ley con mayores detalles o informes de los montos de compensación.

Otro cambio que se realizó fue que los tres puntos porcentuales del valor incremental de los derechos de exportación previstos en la ley se destinarán “a la creación de un fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción, innovación, agregado de valor y costos logísticos”, que será administrado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Fuentes: Nodal y Télam