Las entidades reclaman respuestas ante los atrasos en los pagos y la falta de actualización de los aranceles.
Las clínicas, los sanatorios y los hospitales privados de todo el país suspenderán durante 48 horas los servicios programados para los afiliados de PAMI. La medida fue anunciada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS), Salud Federal y la agrupación Clínicas de la Patagonia, que confirmaron que la interrupción se llevará adelante el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre. Las entidades reclaman respuestas ante los atrasos en los pagos y la falta de actualización de los aranceles.
La decisión se tomó después de varios meses de gestiones sin resultados con las autoridades de la obra social de los jubilados y del Ministerio de Salud. Según las organizaciones, tampoco hubo respuesta a un pedido de audiencia urgente presentado el 14 de septiembre ante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para discutir la situación económica de los prestadores y las dificultades que afectan la atención médica.
Las cámaras advirtieron que los contratos actuales de PAMI generan limitaciones en las prestaciones y problemas operativos para los afiliados. También señalaron que los valores que reciben las instituciones acumulan un retraso de entre el 100% y el 131% frente a la inflación de los últimos dos años, una situación que, según sostienen, compromete la continuidad de los servicios.
Los reclamos de las clínicas y el impacto en los jubilados
Entre los principales pedidos figuran la actualización de los aranceles según la evolución de los costos, la regularización de los pagos y la implementación de un modelo de atención que contemple las necesidades de los adultos mayores. Además, las entidades reclaman fortalecer los contratos con el sector privado para evitar una mayor sobrecarga de los hospitales públicos.
De acuerdo con el comunicado, las prestaciones para casi seis millones de afiliados de PAMI ya presentan restricciones. Los prestadores también cuestionaron la derivación de pacientes hacia hospitales públicos, que describieron como saturados, y advirtieron sobre el impacto financiero que esa política genera en las instituciones privadas y sus trabajadores.
El conflicto ya tuvo antecedentes recientes. A fines de agosto, clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa suspendieron la atención programada durante dos días, con una afectación cercana a los 300.000 jubilados y pensionados. En esa misma semana, instituciones del conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza también interrumpieron servicios programados por el desfasaje entre los aranceles y los costos.
Las entidades sostienen que el sistema privado cumple un papel central en la atención sanitaria argentina: representa aproximadamente el 51% de los establecimientos con internación y el 56% de las camas disponibles, con más de 1.600 instituciones y 120.000 camas.
La suspensión anunciada para octubre busca forzar una respuesta de las autoridades y abrir una negociación que permita sostener las prestaciones. Mientras tanto, los afiliados deberán consultar con sus clínicas y sanatorios qué servicios estarán afectados durante las dos jornadas y cómo se organizará la atención de urgencias y emergencias. El comunicado no precisa de manera general qué prestaciones quedarán exceptuadas en esta nueva medida.
