La modificación del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo por la Ley 27.802 trajo luz sobre el deber de control de las empresas respecto a sus contratistas y subcontratistas. Por primera vez, la norma precisa la documentación exigible para eximir a la firma principal de la responsabilidad solidaria frente a eventuales incumplimientos laborales. Sin embargo, especialistas advierten que la ley establece solo un piso: la jurisprudencia definirá el estándar probatorio en los tribunales.
«La reforma aporta un grado de certeza que el artículo 30 no tenía. Hoy identifica qué documentación debe controlarse, pero la jurisprudencia determinará el alcance y cómo acreditarlo», explica Francisco Costa, fundador de Certronic y Laborem.
El desafío del contexto y la gestión
El cambio normativo se da en un mercado afectado por la informalidad laboral, que alcanzó el 43% a fines de 2025 según el INDEC, con un fuerte impacto en sectores intensivos en contratistas como la construcción. Ante este escenario, guardar archivos ya no basta; ahora el foco es la trazabilidad, es decir, demostrar cuándo se verificó cada dato y respecto de qué trabajador.
Al respecto, Ernestina Cattaneo, COO de Certronic y Laborem, destaca que la ley fija un estándar mínimo, pero cada compañía debe evaluar la profundidad de su modelo: «Cumplir con la normativa responde al cumplimiento legal; incorporar controles adicionales es una estrategia de gestión de riesgos».
De la tecnología al proceso vivo
Las exigencias varían según el rubro —una refinería requiere parámetros distintos a los de un supermercado— y evolucionan con la normativa. Por ello, las matrices documentales dejan de ser un listado estático para convertirse en un sistema vivo de control.
En este proceso, la tecnología funciona como un integrador entre áreas como Recursos Humanos, Seguridad e Higiene y Operaciones. No obstante, los expertos coinciden en que la clave radica en la experiencia del proveedor para adaptar la herramienta a la realidad de la industria.
El nuevo marco legal impulsa a las empresas a profesionalizar la gestión de terceros. El éxito no dependerá de cuánta documentación acumulen, sino de su capacidad para demostrar un control diligente, consistente y verificable.
