La cooperativa láctea debe US$120 millones y ocho meses de salarios.
La crisis de SanCor llegó a un punto límite: la propia empresa decidió pedir su quiebra ante la Justicia, en lo que aparece como el desenlace de un deterioro que llevaba años gestándose.
La presentación fue realizada en los tribunales de Rafaela, donde ya tramitaba el concurso preventivo iniciado en 2025. Con este paso, la cooperativa reconoce formalmente que no puede sostener su funcionamiento ni cumplir con sus obligaciones financieras, en un contexto de cesación de pagos e insolvencia generalizada.
Detrás de la decisión hay números contundentes: una deuda que ronda los 120 millones de dólares y un pasivo que continúa creciendo, mientras la actividad productiva se redujo drásticamente en los últimos años.
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Sin embargo, el impacto más visible de la crisis no está solo en los balances. La situación de los trabajadores se volvió crítica: se acumulan meses sin cobrar salarios —en algunos casos hasta ocho— y también hay pagos pendientes de aguinaldos, lo que profundiza la incertidumbre sobre el futuro laboral de cientos de familias vinculadas a la empresa.
El pedido de quiebra no tomó por sorpresa al sector. En los últimos meses, distintas señales ya anticipaban un escenario difícil de revertir: caída de la producción, conflictos gremiales, dificultades para reactivar plantas y negociaciones fallidas con potenciales inversores.
De hecho, el propio expediente judicial refleja que la compañía no logró generar los recursos necesarios para sostener su operación, lo que terminó agravando aún más su situación financiera.
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Durante décadas, SanCor fue uno de los emblemas de la industria láctea argentina, con una fuerte presencia en el mercado y un modelo cooperativo que integraba a productores de distintas regiones. Pero ese liderazgo se fue erosionando con el tiempo, en medio de problemas estructurales, endeudamiento y cambios en el contexto económico.
Hoy, el proceso entra en una etapa decisiva: será la Justicia la que determine si declara la quiebra y cómo se desarrollará el futuro de la compañía. En ese escenario, se abre un abanico de posibilidades que van desde una eventual liquidación hasta intentos de reestructuración que permitan preservar parte de la actividad.
Más allá de la resolución judicial, el caso expone una postal más amplia: la de una empresa histórica que no logró adaptarse a un contexto cada vez más adverso y terminó reconociendo, formalmente, su incapacidad para seguir en pie.
