El Mopyme solicita suspensión de pagos de alquileres, servicios, pedidos de quiebra y ejecuciones de juicios

 

El titular del Movimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (MoPyME) Cristian Caram, le propuso al Gobierno con cuatro medidas para que los comercios y MiPyMEs puedan intentar sobrellevar el momento de crisis ocasionado por el coronavirus.

“Para el universo que representamos han existido medidas del Gobierno nacional con mayor o menor impacto, pero desde nuestra óptica es demencial pretender que el Estado reemplace al sector privado durante un período prolongado como el que se va a necesitar”, afirmó Caram.

En casi 75 días cuarentena, la suspensión de las actividades económicas y productivas genera que los recursos para la vida diaria se vayan agotando y que muchas empresas o actividades comerciales ya hayan cerrado o estén en vías de hacerlo, por lo cual, se calcula que son 100.000 las empresas que están en esa situación.

Las cuatro propuestas

> La suspensión total del pago de alquileres de los inmuebles destinados a uso comercial hasta el 30 de septiembre. Excluyendo a aquellos propietarios que acrediten debidamente que dependen de esa renta para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar. Los alquileres son, junto con los salarios, el costo más significativo que debe afrontar cualquier emprendimiento y hoy son impagables.

> La eximición total de pago del pago de servicios públicos (electricidad, gas y agua) hasta el 30 de septiembre. Más allá de los abusos de las empresas proveedoras, que los sigue habiendo, aún sin ellos los cargos fijos no pueden afrontarse.

> La suspensión de los pedidos de quiebras por parte de cualquier tipo de acreedor, durante un año. Apenas reabra la Justicia, habrá un aluvión de quiebras sino se instrumenta esta medida porque la cesación de pagos es generalizada.

> La suspensión por un año de la ejecución de cualquier sentencia por juicios laborales. Si en medio de esta tragedia recae sobre cualquier emprendimiento comercial la sentencia de un juicio laboral, todos los otros esfuerzos que se hacen para evitar los cierres habrán sido en vano.

De acuerdo a lo que expresa la carta enviada al presidente Alberto Fernández, la propuesta incluye un régimen de autoexclusión de los beneficiarios, sin necesidad de explicitar los motivos de la misma.