La discusión por la reforma de la ley de biocombustibles suma tensión entre las pequeñas y medianas empresas del sector y las grandes aceiteras exportadoras.
La reforma, que obtuvo media sanción en el Senado, se debatirá este martes en la Comisión de Energía y Combustibles de Diputados. El sector cuestiona la reducción del corte obligatorio de biodiésel en el gasoil y sostiene que la iniciativa favorecería la concentración del mercado en las grandes aceiteras exportadoras.
La discusión por la reforma de la ley de biocombustibles suma tensión entre las pequeñas y medianas empresas del sector y las grandes aceiteras exportadoras. Las pymes advierten que, si se aprueba el proyecto, podrían cerrar 14 de las 25 plantas que actualmente operan en el país y perderse alrededor de 9.500 puestos de trabajo directos e indirectos.
La iniciativa, impulsada por la senadora Patricia Bullrich, obtuvo media sanción en el Senado el 17 de septiembre y será analizada este martes en la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados. Entre los principales cuestionamientos figura la propuesta de reducir el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% actual a un piso del 4%, mientras que el segmento de libre negociación pasaría del 0% al 6%.
Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) sostienen que el nuevo esquema podría perjudicar especialmente a las plantas ubicadas en el interior del país y beneficiar a las grandes compañías exportadoras, que cuentan con materia prima propia y una posición consolidada en el mercado.
“Lo que nos preocupa son las versiones sobre que algunos quieren cambiar el carácter de la reunión y juntar firmas para el dictamen mientras nosotros estamos exponiendo. Sería gravísimo: sacar la lapicera para aniquilarnos como si no estuviéramos ahí”, afirmó Federico Martelli, director ejecutivo de la entidad.
Menor producción y riesgo para el empleo
Según las estimaciones difundidas por la Cepreb, la producción de biodiésel en manos de las pymes podría caer de 902.700 a 481.440 toneladas. Además, debido al sistema de asignación de cupos por cercanía al puerto General San Martín, las empresas del interior tendrían mayores dificultades para sostener su actividad.
De acuerdo con el sector, de las 25 compañías que actualmente participan en el mercado, solo 11 podrían continuar operativas si avanza la reforma en los términos cuestionados.
Entre los efectos negativos que advierten las pymes se encuentran la posible pérdida de unos 9.500 empleos directos e indirectos, el debilitamiento de la cadena de producción vinculada a las extrusoras de soja regionales y una mayor dependencia de las importaciones de gasoil.
Actualmente, las refinadoras deben comprar biodiésel a las plantas pequeñas, bajo un sistema en el que el Estado regula los precios y los cupos. Según los datos presentados por la cámara, la demanda se concentra en pocos compradores: YPF representa el 59% de las compras, mientras que las principales petroleras reúnen el 92% del mercado.
En contraste, la oferta está distribuida entre 25 empresas que, individualmente, no superan el 5% de participación y producen cerca del 65% del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria.
Para la Cepreb, modificar las reglas actuales sin contemplar estas diferencias podría profundizar la concentración empresarial y afectar a las economías regionales.
