Se esperan cambios en indemnizaciones, horarios y salarios entre otros puntos.
El presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto de reforma laboral que busca transformar de manera profunda las relaciones de trabajo en la Argentina. La iniciativa, que será discutida en sesiones extraordinarias, introduce modificaciones en tres ejes centrales: indemnizaciones, horarios y salarios, con el objetivo declarado de “modernizar” el mercado laboral y reducir la litigiosidad.
Uno de los puntos más sensibles es el nuevo esquema de indemnizaciones por despido, que deja de calcularse sobre el último salario completo y se ajusta a una fórmula vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, se crea un fondo de cese laboral administrado por el Estado, financiado con aportes patronales, que permitirá compensaciones inmediatas sin necesidad de iniciar juicios.
En cuanto a los horarios de trabajo, el proyecto incorpora la figura del “banco de horas”, que reemplaza el sistema tradicional de horas extra. Con este mecanismo, las empresas podrán reorganizar la jornada laboral según necesidades productivas, acumulando horas para compensarlas en períodos posteriores. El Gobierno sostiene que esto dará mayor flexibilidad, mientras que los sindicatos advierten que puede derivar en abusos y pérdida de derechos adquiridos.
Respecto a los salarios, la iniciativa habilita acuerdos sectoriales para definir modalidades de pago y actualización, siempre dentro de un marco general fijado por la ley. También se prevé simplificar los procedimientos judiciales laborales, con plazos más cortos y limitaciones a las demandas por diferencias salariales.
La CGT y sectores opositores ya manifestaron su rechazo, al considerar que la reforma implica un retroceso en conquistas históricas. En cambio, cámaras empresarias celebraron la propuesta como un paso hacia la competitividad y la reducción de costos laborales.
El oficialismo busca obtener la media sanción en el Senado antes de fin de año, en un contexto de fuerte tensión política. La discusión promete convertirse en uno de los debates más intensos de la agenda legislativa, con impacto directo en millones de trabajadores y en el modelo económico que impulsa el Gobierno.
