Según el Gobierno, estas representaban “trabas burocráticas en las relaciones de consumo” y distorsionaban el funcionamiento del mercado.
El Ejecutivo nacional dio un nuevo paso en su plan de desregulación económica con la eliminación de 71 normativas que regían la actividad comercial. La medida quedó oficializada este miércoles mediante la Resolución 357/2025, publicada en el Boletín Oficial con la firma del Secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne.
Desde la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, justificaron la decisión al señalar que las normas derogadas “habilitaban controles de precios abusivos, exigían información sin utilidad específica y regulaban programas ya desactivados”, como Precios Justos, la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas.
Entre las disposiciones eliminadas se encuentran 27 resoluciones complementarias a la Ley de Abastecimiento, algunas con más de medio siglo de vigencia. Según el Gobierno, estas representaban “trabas burocráticas en las relaciones de consumo” y distorsionaban el funcionamiento del mercado.
Las normas derogadas incluían exigencias a empresas de insumos para la construcción para operar a máxima capacidad, requerimientos de información a productores de algodón, mecanismos de regulación de precios, intervención en la distribución de Gas Oil y fijación de precios máximos durante la pandemia de COVID-19.
También se eliminaron 24 normativas vinculadas al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), ya desactivado, y otras 20 referidas a programas discontinuados como El Mercado en tu Barrio y el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos.
Desde el área económica destacaron que la medida “reduce la carga administrativa de las empresas y simplifica el marco regulatorio”, en línea con el objetivo de “transparentar el comercio interno y eliminar trabas burocráticas”.
Estas derogaciones se suman a más de 170 disposiciones ya eliminadas desde el inicio de la gestión, entre ellas licencias automáticas y no automáticas, el sistema SIRA, el DJCP, Precios Cuidados y el SIPRE, que implicaban altos costos operativos y millones de declaraciones juradas anuales.
