En Argentina, más de cinco millones de personas habitan más de 6000 barrios populares. Esta cifra representa aproximadamente un 10% de la población nacional. La falta de planificación urbana integral y el déficit estructural de vivienda dieron lugar a una expansión sostenida de estos barrios, caracterizados por el acceso restringido a servicios básicos, la falta de infraestructura adecuada y condiciones de vida muy por debajo de los estándares mínimos de dignidad.
Un reciente relevamiento, realizado por el Observatorio Villero de La Poderosa, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto Gino Germani y la Fundación TEMAS, revela algunas cifras preocupantes del crecimiento de este fenómeno.
El estudio realizado en 9 barrios populares de seis provincias, alcanzando a 1485 hogares que representan a 5024 personas, arrojó los siguientes resultados:
- En los nueve barrios analizados, entre el 20 % y el 30 % de la población tiene 14 años o menos, mientras que casi no hay presencia de personas mayores a 75 años. Además, el 41 % de las familias recurre a comedores comunitarios, cifra que llega al 60 % en algunos barrios.
- El 90 % de los hogares enfrenta un alto riesgo ambiental, según un índice que considera la presencia de plagas, acumulación de basura y proximidad a fuentes contaminantes.
- Solamente el 27 % de las viviendas relevadas se ubica sobre calles asfaltadas y el 46 % sobre calles de tierra.
- Apenas el 15 % de las viviendas alcanza una calidad constructiva suficiente. Además, cerca de la mitad presenta grietas, filtraciones o goteras, y entre el 20 % y el 45 % carece de agua caliente o lavamanos en el baño.
- En cuanto al acceso a los servicios públicos, la situación es crítica: el 73 % de las viviendas presenta condiciones precarias, con problemas de conexión, calidad o cantidad, y un 11 % directamente no cuenta con ningún tipo de acceso a uno o más de los servicios públicos.
- El 50 % de los hogares relevados accede al agua mediante conexiones informales (alcanzando picos del 95 % en algunos barrios), y el 63 % se conecta de manera precaria a la red eléctrica. Estos niveles de informalidad y precariedad implican mayores costos, aumentan el riesgo de accidentes y limitan las oportunidades educativas y laborales.
El relevamiento también destaca que, a partir de la visibilización generada por la lucha de las organizaciones sociales, religiosas y comunitarias, en los últimos años se registraron avances significativos en la agenda pública vinculada a la integración de barrios populares. Sin embargo, a partir de 2024 se produjo una regresión preocupante en este campo, con el desfinanciamiento de políticas clave y la fragmentación de las acciones tanto a nivel nacional como de los gobiernos locales, que interrumpió procesos de transformación que venían desarrollándose.
