“Es un gasto insólito que atenta contra los intereses de la Ciudad; nosotros destinamos esa plata a inversión productiva”, afirmó Jorge Macri.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que apelará la medida cautelar dictada por el Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, tras la presentación realizada por la Federación de Cooperativas de Reciclado. Mientras tanto, la Ciudad acatará la decisión y repondrá el servicio de traslado de cartoneros desde el Conurbano, hasta que la Justicia se expida sobre el fondo de la cuestión.
Según informaron fuentes oficiales, el traslado de recuperadores urbanos no está contemplado como una obligación del Estado en el Concurso Público N.º 1/2021, que regula el sistema. En esa línea, el Gobierno porteño destacó que ya eliminó la intermediación de organizaciones, bancarizó el pago directo a los recuperadores urbanos, incorporó un control biométrico de asistencia, reforzó rutas críticas de recolección y ordenó el circuito logístico.
Desde el 1° de agosto, se modificó el esquema de traslados financiado por la administración porteña. Hasta esa fecha, el Estado cubría el transporte de 3.100 recuperadores urbanos provenientes del Conurbano, una cobertura que alcanzaba a 4 de las 12 cooperativas adjudicatarias del servicio, vinculadas al dirigente Juan Grabois.
La Ciudad argumentó que la medida busca dar más equidad al sistema de reciclado, ya que otros trabajadores de servicios urbanos —como barrenderos, operarios de higiene, personal de mantenimiento y empleados de espacios verdes— también se trasladan desde la Provincia sin contar con ese beneficio.
Por último, señalaron que los fondos destinados al traslado serán reinvertidos en obras de infraestructura en los Centros Verdes, con el objetivo de mejorar procesos de acopio y clasificación, aumentar la capacidad productiva del sistema y reforzar rutas de recolección en zonas de mayor volumen de reciclables.
