El Poder Ejecutivo ya tiene redactado y listo para publicar en las próximas horas el decreto por el cual elimina dependencias del área de agricultura (entre ellas, los institutos nacionales de agricultura familiar, campesina e indígena, y el de semillas), y desjerarquiza otros, como el INTI; el INTA o el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
El desmantelamiento total o parcial de organismos vinculados a la producción y el desarrollo regional se da en el marco de la emergencia pública declarada con la Ley Bases y Punto de Partida. Dicha emergencia fue establecida por un año, que está próximo a cumplirse, y habilita ciertas modificaciones en la estructura del Estado que el Ejecutivo puede realizar en ese lapso. Para hacerlo más adelante, debería obtener un aval del Congreso.
Bajo el paraguas de dicha delegación de poderes al Ejecutivo, el Ministerio de Desregulación puso el ojo sobre organismos cuyas funciones, competencias y regulaciones estaban orientadas, hasta acá, a favorecer la integración económica para regiones, segmentos poblacionales o actividades específicas con algún grado de dificultades o vulnerabilidad. En otros casos, se trata de entidades destinadas a favorecer el acceso a insumos que, de otro modo, quedan monopolizados por grandes corporaciones.
Este último caso es el de las semillas, por ejemplo, insumo que cuenta con un instituto nacional de investigación específico, el INASE, que a través del decreto ya firmado y que esta próximo a ver la luz, será eliminado.
Igual suerte correrán, si el decreto avanza, el INAF, instituto nacional de la agricultura familiar, campesina e indígena, y la agencia regulatoria de la industria del Cáñamo y del Cannabis medicinal (Ariccame), dependiente de la secretaría de industria.
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