Un informe realizado por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), reveló que de $1.241.189 que aporta el empleador, termina en manos del trabajador sólo $457.312.
Los aportes obligatorios como, por ejemplo, al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), aunque el empleado no se capacite, hasta la Contribución Adicional Solidaria a la obra social OSECAC que nació en la pandemia por COVID-19, pero que irrisoriamente se sigue cobrando hasta el día de hoy (actualmente, la cuota solidaria es de $5.500 por cada trabajador “tengan o no OSECAC como obra social”, reza el aviso de la web de FAECYS, y se actualiza con cada paritaria), terminan encareciendo el costo laboral.
Otro ejemplo es el seguro obligatorio “La Estrella”. Dicho seguro, fue establecido en la década de los ‘90 como un sistema complementario al régimen de previsión social para los empleados de comercio. Se financia mediante un aporte mensual del empleador equivalente al 2,5% de la remuneración del trabajador. El 50% del aporte neto se destina a una cuenta individual a nombre del empleado y el otro 50% restante se utiliza para financiar el sistema. En caso de desvinculación laboral, el trabajador puede solicitar el 50% de los aportes personales acumulados a lo largo de los años en su cuenta individual, pero con una sorpresa más: la tasa de ajuste del rendimiento de ese dinero se actualiza muy por debajo de la inflación, con lo que a lo largo de los años, su capital acumulado va perdiendo su valor.
El aporte al sindicato, por otra parte, se le descuenta al empleado esté afiliado o no. Así, de $1.241.189 de sueldo que incluye el Sueldo Bruto más todos los aportes patronales, cargas sociales, seguros y otras obligaciones que la empresa debe pagar por un empleado, termina en mano del trabajador sólo el 69.2%, es decir $858.322.
“Todos estos aportes explican parte de la pérdida de competitividad de las pymes, del aumento de la informalidad laboral y la pobreza”, sostienen desde CADAM, que apoyan el proyecto de ley de la diputada Marcela Pagano -que se tratará el próximo martes en la Cámara de Diputados- para eliminar los aportes obligatorios, escondidos dentro de las paritarias, que «autobenefician a los gremios».
Pero la carga no termina ahí. Cuando el trabajador gasta ese dinero para comprar bienes o servicios, se le aplican impuestos nacionales, provinciales y municipales. Entre ellos IVA (21%), Ingresos Brutos (alrededor de 13% a lo largo de la cadena de ventas, desde la industria al consumidor), Tasa de Seguridad e Higiene entre otras tasas, Impuesto a los débitos y créditos bancarios (1,2% por cada movimiento) que terminan diluyendo aún más su salario. «Después de pagar todos estos impuestos, al consumir un bien o servicio, el valor de su esfuerzo laboral se ve reducido a sólo $457.312, es decir 36.84% del salario aportado por el empleador», sostuvo la CADAM en un comunicado.
