Mientras crece el escándalo por la Criptoestafa promocionada por el presidente Milei (con la supuesta excusa de que iba a servir para financiar a emprendedores), científicos denunciaron que el gobierno retuvo más de u$s 54 millones aportados por el BID y el Banco Mundial para financiar programas de vinculación científico-tecnológica para las Pymes.
Son fondos con los que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el BM financia la investigación de América Latina y el Caribe a través de la Red de Investigación de la región y que en Argentina se ejecutan, en su mayoría, a través de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), perteneciente hoy a la Secretaría de Ciencia que coordina Natalia Avendaño. Pero, además, tienen la particularidad que no pueden ser utilizados para otro gasto que no sea el cual fue asignado (No se puede usar para construir rutas, puentes, o escuelas, por ejemplo). Son recursos que tienen que demostrar en detalle su utilización en el área de ciencia.
Avendaño es el primer eslabón de la cadena de funcionarios apuntados por la falta de ejecución de esos fondos que denunciaron unos dos mil investigadores de nuestro país. En Argentina esos recursos son utilizados para financiar buena parte de las becas de investigación de equipos en diversas áreas. Le siguen el Secretario, Darío Genua, cuya gestión más visible en el área de ciencia y tecnología, está constituida por despidos, cierre de programas de investigación, subejecución del presupuesto y tuitear contra el kirchnerismo. Daniel Salamone, presidente del CONICET, que si bien no está directamente ligado a esta denuncia, su rol es fundamental.
El no utilizar los fondos internacionales en tiempo y forma implicará para el Estado Argentino el pago de intereses y multas. El ex ministro de Ciencia Lino Barañao denunció igual situación en diálogo con Agenda Pyme radio.
Fuente: Periferia Ciencia
