La Unión Industrial Argentina pidió al gobierno nacional que incluya en el temario a tratar en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional el proyecto oficial de ley de Promoción de Inversiones y Empleo anunciado por el entonces secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, hoy titular del ARCA (ex AFIP), durante la la Conferencia Industrial que se desarrolló el 26 de noviembre.
El pedido salió de la reunión de la Junta Ejecutiva de la entidad de este martes, donde también se pusieron a disposición de los poderes Ejecutivo y Legislativo para avanzar en propuestas que mejoren el proyecto y garanticen su aprobación y representación de todos los sectores industriales.
La Ley de Promoción de Inversiones y Empleo tiene por objetivo facilitar e impulsar el crecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas (especialmente PyMEs), potenciar las exportaciones industriales, formalizar el empleo, impulsar el sector agro y generar cambios profundos en materia laboral, según la información difundida por el gobierno nacional.
La iniciativa, reclamada desde hace meses por industriales, sobre todo pymes, complementa el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y está pensada especialmente para medianas inversiones de acuerdo a las capacidades de cada uno de los segmentos de una empresa, ya sea micro, pequeña, mediana o grande.
El proyecto incluye beneficios impositivos, desgravación de derechos de exportación para bienes industriales, devolución anticipada de IVA y otros beneficios para inversiones que superen el umbral de los 150 mil dólares en el caso de las empresas micro; 600 mil dólares en las pequeñas; 3,5 millones de dólares en las empresas del tramo 1; 9 millones de dólares en las empresas del tramo 2: y 30 millones en el resto.
A su vez, en lo relacionado al régimen laboral y el fomento al empleo formal, la iniciativa contempla la actualización laboral de la Ley de Contrato de Trabajo según está contemplado en el DNU 70/23 y de la modernización del Régimen de Trabajo Agrario, al tiempo que prevé la reducción de contribuciones patronales sobre empleos incrementales, y un bono de crédito fiscal para empresas que tomen trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal.
Fuente: El Litoral
