Lejos de solucionar los problemas de distribución de la tierras, concentración económica y especulación, el DNU y la Ley Omnibus los agravan, beneficiando a un reducido de empresarios

La derogación de la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Manejo del Fuego, la Ley de Góndolas y otras leyes que regulaban la vitivinicultura y la producción azucarera, generan una concentración mayor de la economía y un aumento acelerado de precios por parte de estos grupos oligopólicos.

Frente a esta situación, la Mesa Agroalimentaria Argentina, conformada en 2022 con representantes de pequeños productores y cooperativas agrupados en organizaciones como la UTT y Bases Federadas (un desprendimiento de la Federación Agraria), proponen fortalecer los mercados de cercanía y las cadenas cortas de comercialización (directo del productor al consumidor). Esta alternativa, no sólo redunda en un precio menor, sino que favorece el acceso a alimentos más frescos y saludables, y reduce el impacto ambiental (por evitar la huella de carbono de los traslados y porque la mayoría de los pequeños productores utilizan prácticas agroecológicas).

Según el Centro de Estudios Económicos Scalabini Ortiz (CEESO) la inflación de la canasta básica en los locales de la Economía Social, Solidaria y Popular (ESSP) fue 9 por ciento frente a un 20 por ciento en las grandes cadenas de supermercados el último mes.
Y de acurdo a un informe del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), las tres ediciones del Programa de Incremento Exportador (PIE), conocido como dólar soja, significaron un beneficio adicional de 590.000 millones de pesos para los oligopolios agroexportadores. Equivalente a al presupuesto anual de las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) que llegan 4,4 millones de niñes.

 

Escuchá la columna de Gabriela Ensinck