Más de 400 mil empresas en el país produjeron alrededor de 18 millones de toneladas de residuos, entre peligrosos, no peligrosos y patogénicos, en 2023 y casi el 93% se descartó de forma incorrecta. Un informe elaborado por la UBA y la UNR, da cuenta de la problemática.

En el último año, se estima que, en Argentina, se produjeron 18.214.675 millones de toneladas de residuos de los cuales únicamente se trató el 7,1%, unas 1.293.820 toneladas. La alarmante cifra surge de un informe elaborado por la Universidad Nacional de Rosario a través del Observatorio de Residuos Peligrosos de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires, con datos del sector que aportan CATRIES (Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos industriales y Especiales) y CAITPA (Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental), en una iniciativa conjunta.

El Observatorio genera informes bimestrales y anuales desde el año 2021 a pedido de las Cámaras que se proponen, de este modo, arrojar luz sobre la situación en nuestro país en materia de gestión de residuos y contaminación ambiental. Se estima que en Argentina existen alrededor de 402.711 empresas responsables de la generación de residuos industriales y peligrosos, mientras que solo unas 33.983 firmas, el 8,44%, les dan tratamiento con un proveedor habilitado para tal fin.

El documento detalla que estos resultados establecen una base para comparar la evolución del índice de tratamiento de residuos y así lograr parámetros de referencia sobre esta problemática. 

Un problema que se expande

De los datos obtenidos se concluye que casi el 93% de los residuos industriales no reciben el tratamiento adecuado, trayendo aparejados problemas ambientales y en la salud de las personas por contaminación del agua, tierra y aire. Esta problemática solamente tendió a agravarse en el último tiempo, según advierten referentes de las dos Cámaras.

Si se toman en cuenta las cifras publicadas en el informe anterior del Observatorio (mayo 2021 – abril 2022), en el país, se habían producido un total de 11.251.862 toneladas de residuos industriales y de este total, se había tratado el 9,6%, el equivalente a 1.080.029 toneladas. Esto implica que de un año a otro se generaron casi siete toneladas más, pero su tratamiento no creció en igual proporción.

“El saldo que se obtiene es un mayor descarte de materiales peligrosos, no peligrosos y patogénicos en el ecosistema. Las consecuencias más directas son un aumento en los niveles de contaminación ambiental y efectos graves en la salud de las personas. Lo que genera entre otras cosas el calentamiento global que estamos viviendo. Los niveles de residuos que recibieron tratamiento son muy similares en ambos períodos contemplados por los informes, pero el volumen de residuos total creció más de la mitad”, explica la presidenta de CATRIES, Claudia Kalinec.

Por su parte, Gustavo Solari, presidente de CAITPA, asegura: “Es fundamental para nosotros sensibilizar acerca de la relevancia de manejar de forma adecuada los residuos peligrosos. Están clasificados de esa manera por una razón, y el impacto que generan es innegable. Las estadísticas son preocupantes y urge iniciar un cambio en la situación actual”.

Ser parte de la solución

El objetivo de las encuestas mensuales a las empresas asociadas a las cámaras para elaborar estos documentos, en el marco de un convenio con la UBA y la UNR, son el puntapié inicial para visibilizar la problemática ya que no hay casi datos oficiales del sector a nivel nacional.

Kalinec sostiene que “hace tiempo que el número de residuos que se tratan quedó estancado y no supera el 10%”. A la hora de reflexionar en torno a esta situación, la ausencia de control y sanción por parte del Estado y de políticas que promuevan la protección ambiental son dos factores clave. 

“El Estado, a través de sus distintos organismos y áreas, es el encargado de renovar los permisos de todas las industrias, no solo las de nuestro rubro y son quienes deberían controlar el cumplimento de la normativa”, señala la presidenta de CATRIES.

Por lo pronto, se está intentando avanzar con un proyecto para actualizar el valor de las multas, una iniciativa que ya tiene media sanción de Diputados y necesita ser tratada por Senadores antes de fin de año para no perder estado parlamentario. Se trata de la Ley 24.051 de residuos peligrosos que tiene más de 30 años desde su sanción y cuyos montos quedaron totalmente desactualizados, con un tope que hoy no pasa los $500.000, valor que no cumple el rol de desalentar la mala disposición de los residuos para las industrias, ya que no es significativo en la facturación de una pyme o gran empresa.

Acerca de CATRIES y CAITPA

La Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catries) es un grupo de empresas de reconocida trayectoria dedicada a la logística y gestión integral de residuos industriales. Buscan desarrollar y promover la actividad, teniendo siempre como premisa el cuidado del ambiente, el cumplimiento de las normativas vigentes y los altos estándares de calidad.

La Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa) reúne a empresas cuya actividad es la industria de tratamiento y transportistas de residuos industriales y patogénicos para la protección ambiental. Su misión es optimizar los sistemas de tratamiento de estos residuos, promoviendo inversiones y tecnología como respuesta a los desafíos que plantea el crecimiento sustentable, cumpliendo siempre las normativas vigentes.

El Observatorio de Residuos Peligrosos UBA-UNR es una iniciativa conjunta entre ambas cámaras, la Dirección de Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) El objetivo del Observatorio es contar con información que permita dimensionar la problemática de la generación y posterior tratamiento (o no) de residuos en el territorio argentino. Sin datos oficiales disponibles sobre el tema, la iniciativa busca llenar ese vacío, proveyendo información pública y confiable que contribuya al trazado de objetivos medioambientales.