Organizaciones de recicladores/as urbanos; vendedores/as ambulantes, otros trabajadores de la economía popular, personas en situación de calle, y ONGs como Jóvenes por el Clima se declararon «en alerta» a partir de la iniciativa del gobierno porteño de modificar el código de faltas de la ciudad, planteando, entre otras propuestas «multar por hasta 100.000 pesos a aquellas personas que revisen los contenedores de disposición de los residuos en la CABA».

Finalmente, luego de una marcha de protesta realizada el 2 de noviembre, los artículos más polémicos fueron retirados

El proyecto también proponía multar por más de 140.000 pesos a los vecinos de la ciudad que no saquen la basura en determinado horario, o quienes tiren las colillas de cigarrillos al piso, y aumentar penalidades a todos los trabajadores de la vía publica . «Sabemos que lo que verdaderamente esconde el proyecto es aumentar la persecucion tanto a los cartoneros formales del sistema de reciclado, como a los informales. Exigimos que se de marcha atras con el proyecto, cese la persecusion, el secuestro de bolsones y carros por parte de fiscalizacion que hay en toda la ciudad (sobre todo en la zona de micro y macro centro) y que el proyecto se discuta de cara a la sociedad, con audiencias publicas», señalaron las organizaciones.

Duante una conferencia de prensa, que se realizó el miércoles 1ero de noviembre en la sede de UTEP del barrio de Constitución, Sergio Sánchez, presidente de la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), denunció «la persecución, confiscación y robo de los bolsones con materiales que implican todo un día de trabajo», y Susana Izaguirre, de la Cooperativa «Las Madreselvas» recordó: «ningún gobierno nos regaló nada. Todo lo conseguimos con lucha. Y (las últimas medidas desconocen) cómo funciona un sistema de reciclado con inclusión social».

Luzmery Villanueva, representante de vendedores ambulantes organizados, recordó que esta organización propuso sin suerte hasta ahora al gobierno porteño la ley Beatria Mechato (en honor a la vendedora que murió atropellada en 2020 al intentar escapar de un decomiso de la Policía y la Agencia de Control porteña). La iniciativa promueve la organización de ferias y el pago de un canon, lo generaría ingresos a la ciudad en lugar de exponerse a los decomisos y las mafias que manejan la venta en las calles.

Por su parte, Bruno Siroti, de Jóvenes por el Clima, apuntó que «una vez más, el gobierno criminaliza la pobreza y desconoce la labor esencial que realizan los recuperadores urbanos para una ciudad social y ambientalmente justa e inclusiva.

En el mismo sentido se expresaron Alicia Montoya, de la Cooperativa El Alamo, Horacio Avila, de Proyecto 7 (personas en situación de calle) y representantes de ATE y otras organizaciones de la Economía Popular.

La propuesta general fue mantenerse en estado de alerta.