Sistema B Argentina anunció que hay actualmente 205 Empresas B certificadas en el país. Las Empresas B (o B Corps) son compañías que cumplen con altos estándares de desempeño social y ambiental, responsabilidad y transparencia. Las Empresas B también se comprometen pública y legalmente a beneficiar no solo a sus accionistas, sino a todas las partes interesadas de la empresa: los trabajadores, los clientes, las comunidades y el medio ambiente. Existen más de 1.000 empresas certificadas en América Latina y más de 7.000 en todo el mundo.

Desde que se estableció en la región, en 2012, Sistema B ha acompañado a cientos de empresas en la medición y gestión de su impacto. “Creemos en las empresas como agentes de cambio que guíen el camino hacia una economía más inclusiva, equitativa y regenerativa. Por eso brindamos herramientas para que puedan medir, gestionar y mejorar su impacto socio-ambiental. Al mismo tiempo, alentamos a las compañías a repensar sus modelos de negocio para transitar hacia modelos de negocio de Triple Impacto: que puedan traer soluciones a los problemas sociales y ambientales más urgentes, al mismo tiempo que generan rentabilidad económica”, comenta Marina Arias, Directora Ejecutiva de Sistema B en Argentina.

Las Empresas B

En la actualidad, hay 205 Empresas B en Argentina. Pertenecen a 29 industrias y sectores diferentes -desde cosmética y moda hasta ganadería y todo tipo de servicios-, pero comparten tres características clave:

• Definen su propósito, la huella que quieren dejar en la sociedad, el “para qué” existen.

• Modifican sus estatutos, de manera de proteger el propósito, comprometer a sus accionistas a resolver el problema que declaran y tomar decisiones teniendo en cuenta las variables ambientales y sociales.

• Miden y gestionan su impacto y se comprometen a la mejora continua. A través de la Evaluación de Impacto B, analizan las cinco áreas más relevantes de su empresa: Gobernanza, Trabajadores, Clientes, Comunidad y Medio Ambiente, con el fin de identificar oportunidades de mejora para ser un agente de cambio en la economía.

El primer paso para certificar como Empresa B es completar la Evaluación de Impacto B, de manera online, gratuita y 100% confidencial, que se adapta a cada tipo de empresa según industria, tamaño y mercado. Esta herramienta, que ya utilizan más de 45.000 compañías en el mundo, está  diseñada como una hoja de ruta para que la empresa identifique mejoras a implementar desde la perspectiva social y ambiental de su empresa, sin perder de vista su rentabilidad económica.

El mapa de Sistema B en Argentina

El número de Empresas B certificadas se incrementa exponencialmente año tras año. En 2012, Sistema B certificó a las primeras dos compañías en Argentina: Emprendia en Buenos Aires y Ovis 21 en Chubut. En el transcurso del último año, recibieron su certificación 16 compañías, entre las que se destacan empresas como Danone y Logística La Serenísima, con más de 2.200 y 1.300 empleados respectivamente.

Con respecto a la ubicación geográfica de las empresas que integran Sistema B en Argentina, el ránking lo lidera Buenos Aires, con 88 Empresas B. Siguen la Ciudad de Buenos Aires (61), Córdoba (17), Mendoza (15), Santa Fe (10), Río Negro (4), Neuquén (3), Chubut y La Rioja, con dos Empresas B cada una, y San Juan, Jujuy, Tucumán y Corrientes, con una compañía certificada B en cada caso.

“En nuestro país hay muchas empresas que nacen con modelos de negocio de impacto y hoy no están siendo reconocidas. Es por eso que, desde Sistema B, impulsamos la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) que reconozca a las Empresas de Triple Impacto”, concluyó la Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina.

Ley BIC: un proyecto de reconocimiento legal

En lo que se refiere a políticas públicas, en nuestro país las empresas de Triple Impacto no tienen un reconocimiento legal que las identifique y las potencie. Por esta razón,  Sistema B impulsa desde 2018 la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), con el objetivo de que el Estado identifique, reconozca y promueva a empresas con un propósito que busque solucionar un problema social y/o ambiental. 

La Ley BIC beneficiaría a:

• Emprendimientos con un propósito ambiental o social que va más allá de la generación de valor económico.
• Empresas y PyMEs que amplían su modelo de negocio, pasando del modelo tradicional al de la Nueva Economía.
• Las organizaciones de la sociedad civil, dándoles una respuesta a sus reclamos y una ayuda en pos de este propósito común.
• Los inversores responsables e inversores de impacto que se caracterizan por buscar, además del retorno financiero, la generación de un impacto social y/o ambiental positivo.
• Aquellos Estados que cuentan con una política de compras públicas sostenibles, para identificar y elegir proveedores que cumplen con estándares de sustentabilidad.
• Consumidores comprometidos que quieren elegir alternativas de consumo sustentables.
• Trabajadores que buscan desarrollarse profesionalmente dentro de un ecosistema laboral basado en valores como la inclusión, el cuidado y la responsabilidad social.
• La sociedad en su conjunto y el ambiente, ya que son los principales destinatarios del nuevo enfoque basado en la inclusión, innovación y sustentabilidad.

La ley BIC no crea un nuevo tipo societario, sino un régimen jurídico aplicable a cualquier tipo de sociedad (actual o futura). Las sociedades BIC se regirían así por la actual Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias y por la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor 27.349 (en lo vinculado al régimen de Sociedades por Acciones Simplificadas). Lo que la Ley BIC posibilitaría es que a cualquiera de los tipos legales actuales se agregue la expresión “de Beneficio e Interés Colectivo” o la sigla “B.I.C.”, pasando entonces a ser una S.A. B.I.C.; S.A.S B.I.C.; S.R.L B.I.C., etc. La ley establece, asimismo, responsabilidades adicionales a las societarias a los directores o administradores de Sociedades BIC, quienes deben velar por la real consecución del propósito de beneficio social y ambiental definido en su estatuto.

La Ley BIC ya es una realidad en países como Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Estados Unidos, la provincia de British Columbia en Canadá e Italia. En Argentina, recibió media sanción en la Cámara de Diputados en diciembre de 2018 y fue un gran hito para la comunidad de triple impacto. Sin embargo, en marzo de 2021, el proyecto de ley perdió estado parlamentario al no ser tratado en el Senado de la Nación. El año pasado, hubo cuatro proyectos de Ley BIC en el Congreso Nacional: dos en Diputados y dos en Senadores, pero tres de ellos perdieron estado parlamentario. Hoy en día, esperan tratamiento dos proyectos impulsados por la Diputada Margarita Stolbizer y la Senadora Gladys González.