La cantidad de beneficiarios de obras sociales nacionales alcanzó los 15.380.000 argentinos en el último registro disponible, de marzo de este año. El aumento interanual fue del 2,64%, de acuerdo con el más reciente informe sectorial de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME).
De esta manera, las obras sociales nacionales cubren aproximadamente al 33,6% de la población, mediante más de 290 entidades. Sin embargo, todavía quedan por recuperar casi 800.000 beneficiarios, para alcanzar los valores previos a la pandemia.
“Este fenómeno se da por el deterioro del mercado laboral, que responde al impacto de la crisis económica y la inflación especialmente sobre las pymes, además de la presión fiscal, las dificultades en el acceso al crédito, y el elevado costo del empleo formal”, explica Guillermo Gómez Galizia, presidente de CADIME.
En los últimos doce meses, las primeras diez obras sociales nacionales tuvieron un aumento en la cantidad de afiliados de 3,11%. En comparación con el alza del 2,64% general, esta evolución también implica un aumento de la concentración en la cantidad de afiliados.
Las primeras diez obras sociales nacionales (OSECAC, OSDE, OSPRERA, UPCN, UOCRA, OSPE, OSUTHGRA, ASE, Mutual Sancor y UOM) concentran aproximadamente el 43% de los afiliados. Si se añaden las seis obras sociales siguientes en tamaño, alcanzan al 50%.
“Esta concentración implica que la mayor parte de los beneficiarios del sistema es asistida por obras sociales que no llegan a recaudar, contabilizando aportes más contribuciones más el fondo solidario de redistribución, el valor de la cápita promedio del Programa Médico Obligatorio o PMO”, continúa el representante de CADIME.
“El desfinanciamiento de las obras sociales impacta sobre los beneficiarios, ya que se resiente el acceso a los servicios necesarios en forma oportuna y en condiciones de calidad adecuadas, y compromete la capacidad de pago a los prestadores. Es decir: afecta la atención de la salud de millones de argentinos y la sustentabilidad de las pymes prestadoras”, subraya.
De hecho, el valor de la cápita promedio anual de las obras sociales nacionales -es decir, el de su recaudación dividida por beneficiario- asciende a 6.335 pesos, según el último registro. En términos constantes, disminuye un 14% en los últimos cinco años.
En ese sentido, no existen indicios sobre la posibilidad de recuperar valores de años anteriores, impactados tanto por la caída del salario real como por la incorporación considerablemente mayor de trabajadores de regímenes especiales, con menor ingreso promedio per cápita.
En tanto, el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO) financiado por las obras sociales nacionales alcanza los 5.257 pesos. No obstante, sólo el 38% de los beneficiarios de obras sociales nacionales tiene una cobertura cuyos ingresos superan el costo del PMO per cápita.
“Algunos sectores vienen sufriendo transformaciones significativas en cuanto a su nivel de actividad y productividad, lo que disminuye el número de aportantes, lo que representa el factor crítico, junto con el salario promedio, para definir el ingreso económico de cada organización. El sistema de salud no se ha reformado, pese a las transformaciones del mercado laboral”, indica Gómez Galizia.
“En conclusión, el desfinanciamiento de las obras sociales impacta directa y negativamente sobre sus beneficiarios y sobre los prestadores. Compromete la atención en términos de acceso, oportunidad y calidad, y la viabilidad económica de los prestadores, especialmente de las pymes”, completa.
