Bajo la supuesta bandera de combatir el lavado de activos, el gobierno busca quedarse con el poder absoluto y discrecional de decidir quién puede emprender en Argentina. De esta forma, crea un “registro de emprendedores” a cargo del Ministerio de economía de Sergio Massa y la secretaría de desarrollo productivo a cargo de De Mendiguren, mediante el cual se le da la potestad de aceptar o rechazar a quien se considera emprendedor, y por lo tanto quien puede ser socio de una sociedad.

También obliga a las PyMEs a que vuelvan a registrar su domicilio, obligándolos a contratar un escribano para demostrar su veracidad (a un costo de $40.000 por sociedad), y obliga que todas las SRL y las SAS del país presenten sus balances ante la IGJ, obligándolas a gastar importantes sumas de dinero en la presentación de este trámite retroactivo.

Asimismo, el proyecto de ley permite que el poder ejecutivo disuelva cualquier sociedad sin posibilidad de que exista recurso judicial alguno, y confisque todos los bienes de la sociedad, sin ningún tipo de intervención de un juez.

Desde la aprobación de la Ley de Emprendedores en 2017, se crearon más de 50 mil empresas bajo la figura de la SAS y se generaron más de 120 mil puestos de trabajo registrados, y son las sociedades que tuvieron mayor crecimiento de recaudación fiscal, y mayor creación de puestos de trabajo, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y de la AFIP. Sin embargo, la IGJ limitó su uso en 2020 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con resoluciones cuestionadas judicialmente, lo que ha generado incertidumbre y dificultades para los emprendedores.  A pesar de las limitaciones impuestas por la IGJ, las SAS siguen siendo una figura societaria muy utilizada en provincias como Santa Fe, Tucumán, Mendoza o Córdoba, donde representan la mayoría de las sociedades creadas.

Testimonios: Referentes en la materia han opinado sobre la cuestión 

“Hay empresas que tienen más de 50 años, no tiene ningún sentido poner una multa de $100.000 por cada Balance no presentado, que podrían implicar en multas más de $5.000.000 a cada pyme” sostuvo Carlos Vanney, profesor de la Universidad Austral, y agregó que “El poder ejecutivo ya demostró la persecución a empresas no afines en los últimos años, sin dudas este proyecto será utilizado en el mismo sentido”. 

«Crear un registro de emprendedores, y establecer que estos tienen que pedirle autorización al gobierno de turno para emprender, es algo que tiene tintes soviéticos e intervencionistas, y que solo contribuye a achicar la cuota de inversión que el país necesita para expandir su economía. Este proyecto supone convalidar un control gubernamental, sobre el sector pyme, de un nivel de  intromisión jamás vista hasta ahora y que va actuar, en los hechos, como un brutal desincentivo para la inversión y la creación de trabajo en el país» sostuvo Ricardo Cony Etchart, profesor de derecho corporativo de la Universidad del Museo Social.

“No termina de entenderse por qué, en el contexto complejo en el que se encuentra el país, se ponen trabas para aquellos que tienen pymes”, manifestó Manuel Tanoira, socio fundador y parte del equipo de políticas públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA). “Por tres años tuvieron a los emprendedores en vilo, diciéndoles que sus empresas eran ilegales. Ahora suman a las SRL y les dicen que no van a tener más limitación de responsabilidad”.

Por su parte, Alejandro Ramírez, profesor de derecho societario de la Universidad Austral subrayó que “Con la SAS, cualquier persona podía abrir una sociedad  de manera fácil, sencilla y de forma digital. Mediante el proyecto de ley y las resoluciones de la IGJ, se  pretende someter a las empresas, y utilizar a la IGJ como arma de persecución contra las pymes. No sería de extrañar que quieran usar estas facultades como si fuese la ley de desabastecimiento, para perseguir a las PyMEs que aumenten precios o con las que el gobierno de turno no sea afín. Este proyecto no solo es una nueva barrera para emprender; significa un enorme retroceso porque agrega discrecionalidad, quita transparencia, suma burocracia e inseguridad jurídica”, agregó.

El profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, Fernando Perez Hualde, dijo: “El proyecto es un ataque al régimen federal en tanto desconoce la realidad existente en  las provincias en las que las SAS tienen gran aceptación. Somos ajenos a la problemática porteña”. Asimismo, sostuvo, “sorprende que se pretenda aprobar una ley confiscatoria, que permite al Estado quedarse con los bienes de una sociedad en liquidación. En nuestro país, ello no se aplica ni siquiera a las asociaciones”.

Por otro lado, Lisandro Hadad, Director del Departamento de Derecho Empresario de la Universidad Nacional de Rosario afirmó que: “la creación de un Registro Nacional de Emprendedores es totalmente inconstitucional. Es inviable que a un emprendedor del interior, un organismo nacional le diga si puede o no emprender. Claramente, rompe con el federalismo de nuestra Constitución.”  

Por su parte, Esteban Ortiz Mena, ex superintendente de sociedades de Ecuador, y presidente del Centro de estudios societarios para latinoamérica (CES) dijo: “preocupa ver a Argentina en una discusión tan ajena a la realidad. La SAS es una figura de éxito en todo el mundo, en Uruguay, Ecuador, Colombia, Perú, México, Chile y Paraguay tiene un éxito rotundo. De hecho es la figura recomendada por el Banco Mundial, la OEA, y la ONU. No tiene explicación lógica el proyecto de ley”.