La iniciativa busca imponer nuevas restricciones a la venta, publicidad y exhibición de productos de tabaco en territorio bonaerense.
Kiosqueros, distribuidores, industriales y gremios del sector pusieron el grito en el cielo por un proyecto de ley que busca imponer nuevas restricciones a la venta, publicidad y exhibición de productos de tabaco en territorio bonaerense.
Es que el Gobierno bonaerense envió a la Legislatura provincial una iniciativa que prohíbe la venta de cigarrillos en lugares ubicados a menos de 100 metros de escuelas de nivel básico y medio.
La propuesta también busca prohibir la venta de cigarrillos sueltos o fraccionada, crear una cuenta especial para fondos generados por multas y propone a los municipios disponer de un área de contralor de tabaco.
Los comerciantes enrolados en la Unión Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) criticaron la iniciativa -que podría ser tratada esta semana- y recordaron que la ley nacional de control de tabaco 26.687 y la norma provincial pertinente “ya regulan de manera restrictiva sobre este aspecto”.
Por esa razón, consideraron “innecesaria y perjudicial” una nueva normativa, al advertir que “afectaría de manera directa el ejercicio de los más de 26.000 puntos de venta en la Provincia”. “En este tiempo de gran angustia por la pandemia y la crisis económica, nos sorprende que impulsen una iniciativa que limita aún más nuestra golpeada actividad sobre un producto que compone una parte importante de nuestra labor”, señalaron en una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín.
Y alertaron: “Desde que empezó la cuarentena y durante todas sus fases, los kiosqueros nos vimos impactados con ventas que cayeron hasta 80%”. “Hubo meses de facturación mínima y detrás de estos ahora se pretende aprobar una medida que restringe y prohíbe la venta y promoción de los productos de tabaco que va a castigar aún más las ventas”, añadieron.
En una nota firmada por los secretarios generales de SUETRA y FTTRA, Raúl Quiñones y Juan Martini, respectivamente, los gremios sostuvieron que “el proyecto debería contemplar la necesidad de combatir el contrabando”, como también “el aumento de la elaboración de productos truchos que circulan en el mercado”.
