Podrán pedir los beneficios las personas humanas o jurídicas clasificadas como micro, pequeña y mediana empresa constituida en el país, fideicomisos cuyos fiduciantes sean jurisdicciones o entidades de la administración nacional o de los gobiernos provinciales.
El Ministerio de Desarrollo Productivo transfirió hoy $ 230 millones al Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec), para dar financiamiento a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico y científico.
El Fonpec se creó mediante la Ley 27.570 de Economía del Conocimiento, y está conformado como un fideicomiso de administración y financiero, para financiar actividades de capacitación, formación y capital de trabajo, además de apoyar inversiones productivas.
También tiene como fin promover el desarrollo de empresas ambientalmente sustentables, fomentar la inserción comercial internacional de esas compañías e impulsar actividades de innovación productiva y nuevos emprendimientos, en el marco de la economía del conocimiento.
De acuerdo con el reglamento, el Fonpec asistirá a empresas que presenten proyectos de software y servicios informáticos y digitales, equipamiento para la implementación de nuevas tecnologías, producción y postproducción audiovisual, biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis.
Asimismo, apoyará los servicios geológicos y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y comunicaciones; construcción, reformas y modificaciones edilicias en plantas industriales o centros de distribución y logística necesarias para el desarrollo de actividades promovidas; nanotecnología y nanociencia; industria satelital y aeroespacial; tecnologías espaciales e ingeniería para la industria nuclear.
De acuerdo con lo dispuesto oficialmente, podrán ser solicitantes de los beneficios previstos por el Fondo las personas humanas o jurídicas clasificadas como micro, pequeña y mediana empresa constituida en el país, fideicomisos cuyos fiduciantes sean jurisdicciones o entidades de la administración nacional o de los gobiernos provinciales.
Para ello, deberán estar inscriptos en la AFIP y cumplir con la normativa exigida de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
No podrán acceder a los beneficios las personas humanas y jurídicas que al tiempo de concederles los financiamientos tuviesen deudas exigibles de carácter fiscal, previsional, laborales y gremial o cuando se encuentre firme una decisión judicial o administrativa declarando tal incumplimiento en materia aduanera, cambiaria, impositiva, previsional, sindical e imponiendo a dicha persona el pago de impuestos, derechos, multas o recargos, y siempre que no se haya hecho efectivo dicho pago.
Tampoco podrán las personas humanas o jurídicas declaradas en estado de quiebra siempre que no se hubiere dispuesto la continuidad de la explotación, y aquellas cuyos representantes o directores hubiesen sido condenados por cualquier tipo de delito doloso, con penas privativas de la libertad o inhabilitación, mientras no haya transcurrido un tiempo igual al doble de la condena, aclaró el texto oficial.
El Poder Ejecutivo designó a BICE Fideicomisos la administración del Fondo, en carácter de Fiduciario, “por ser una empresa con amplia experiencia y una notable trayectoria e inserción en el territorio nacional en la estructuración y administración de fideicomisos de carácter público”.
La Ley N° 27.570 creó el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento con el objetivo promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos.