La iniciativa incluye cursos de formación laboral en áreas de alta demanda como Tecnología. Las pymes pueden participar en el Régimen de Prácticas de Formación en el rol de “entidades formadoras”.

El Gobierno porteño promulgó la creación de una iniciativa que apunta a facilitar el acceso al empleo formal de sectores de la población que se encuentren en situación de vulnerabilidad laboral y/o social.

Se trata del Régimen Especial de Prácticas de Formación para el Empleo, un proyecto impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción.

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La norma tiene por objetivo principal facilitar el acceso al empleo formal de sectores de la población que se encuentren en situación de vulnerabilidad laboral y/o social a través de un programa de capacitación teórico-práctica para puestos de trabajo con vacantes efectivas.

La iniciativa prioriza el acompañamiento a mujeres, a jóvenes que aspiren a su primer empleo y a adultos mayores de 40 años que busquen insertarse nuevamente en el ámbito laboral.

“Desde la Ciudad identificamos que muchos vecinos y vecinas necesitan reconvertir sus habilidades y competencias para acceder a ofertas de empleo en un mercado laboral cada vez más cambiante. Esta ley busca generar sinergia entre el Estado y el entramado productivo local, con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de la población”, explicó el ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, José Luis Giusti.

Las empresas o pymes públicas o privadas pueden participar en el Régimen de Prácticas de Formación en el rol de “entidades formadoras”. Solo es necesario que cumplan con una serie de requisitos que establece la norma.

Al mismo tiempo, deberán presentar una propuesta de capacitación teórica y práctica que busque incrementar las competencias, habilidades y destrezas de los beneficiarios y que se adapte a una demanda laboral específica, es decir, que presente los conocimientos adecuados para responder a las necesidades reales de las empresas.

La duración de las prácticas será de entre tres y seis meses y contará con una carga horaria máxima de cuatro horas diarias o 20 horas semanales. Se realizará un seguimiento personalizado para acompañar el proceso formativo desde el inicio hasta su finalización.

Asimismo, cada practicante recibirá una suma de dinero mensual fija en concepto de asignación estímulo que podrá ser financiada de forma conjunta o independiente por parte del Gobierno y la entidad formadora; una vez completado el proceso formativo, el objetivo es que los practicantes puedan incorporarse laboralmente en las posiciones para las que fueron capacitados.