El paquete mantiene y simplifica la reducción de aportes patronales prevista en el decreto 332/2020, el pago del 50% de los salarios de los empleados de las empresas afectadas y créditos para los autónomos y monotributistas en los que el Estado se hace cargo del 100% del costo financiero.
A través del decreto 376/2020, ampliatorio del 332/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) habrá un «Salario Complementario», que consiste en la «asignación abonada por el Estado nacional para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado».
El monto de esa asignación será «equivalente al 50% del salario neto del trabajador correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos salarios mínimos, vitales y móviles, o al total del salario neto correspondiente a ese mes», aclaró la normativa.
Por otro lado, se dispuso el «crédito a tasa cero para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadores autónomos en las condiciones que establezcan la Jefatura de Gabinete y el Banco Central, en el marco de sus respectivas competencias, con subsidio del 100% del costo financiero total».
Se trata de una financiación a «ser acreditada en la tarjeta de crédito del beneficiario en los términos que, para la implementación de la medida, establezca el Banco Central», y el monto «no podrá exceder una cuarta parte del límite superior de ingresos brutos establecidos para cada categoría del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, con un límite máximo de $150.000, desembolsado en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas».
También se confirma la puesta en marcha de un «sistema integral de prestaciones por desempleo» que van de un «mínimo de $ 6.000 a un máximo de $ 10.000».
El decreto establece que este paquete de medidas podrá extenderse «hasta el 30 de junio, inclusive», aunque «para las actividades, empresas y trabajadores independientes que siguieran afectados por las medidas de distanciamiento social, aun cuando el aislamiento social preventivo y obligatorio haya concluido, los beneficios podrán extenderse hasta el mes de octubre de 2020 inclusive».
Más de 420.000 empleadores privados ya se habían registrado en el sitio web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para acceder al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). La cifra equivale al 82 por ciento de las empresas privadas del país. Las herramientas previstas en el programa buscan amortiguar el impacto de la cuarentena sobre la actividad económica.
El organismo recaudador aseguró que ya comenzó la etapa de evaluación para determinar cuáles son los beneficios estatales a los que podrá acceder cada empresa. El flmante decreto mejora las condiciones establecidas por el que lo precedió.
Los motivos del cambio están expresados en los propios fundamentos del decreto. El Gobierno considera que «las sucesivas prórrogas de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio», obligan al Estado a un esfuerzo mayor «para morigerar el impacto de las medidas sanitarias sobre los procesos productivos, el desarrollo de las actividades independientes y el empleo».
Fuente: Página 12
