En el país hay más de 30.000 ciudadanos con insuficiencia renal crónica que salen del aislamiento obligatorio para recibir el tratamiento tres veces a la semana en 470 centros.

El coronavirus pone en jaque la vida cotidiana de los argentinos, pero afectan sobre todo a sectores muy sensibles y grupos de extremo riesgo y vulnerabilidad, como los pacientes en diálisis.

Es por ello que ante este panorama, el sector de la Salud Renal representado por la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina, la Asociación Regional de Diálisis y Trasplante Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires y la Cámara de Productos y Servicios de Terapia Renal hicieron llegar una carta a las autoridades advirtiendo sobre la crisis económica.

“El arribo de la crisis de COVID-19 nos encuentra en una situación de absoluto desfinanciamiento producto de la abultada deuda que principalmente el Programa INCLUIR SALUD tiene con todos los prestadores, en algunos casos llegando a 12 meses de prestación, que se suma a los extensos plazos de pago de otros financiadores”, expresa el escrito.

Además, advierten que, durante más de 18 meses, las autoridades sobre la degradación que sufre el sector como consecuencia de “la falta de pagos y el abrumador retraso en el valor de las prestaciones”. “La situación actual es desesperante y abarca a la totalidad del país, con un impacto preponderante en la Provincia de Buenos Aires en donde se nuclea el 45 % de los pacientes que concurren a tratamiento dialítico, pero también se ven severamente afectadas otras provincias del norte del país, regiones por demás vulnerables”, precisa.

También menciona que la crisis sanitaria encuentra al límite de la capacidad, “con deudas de todo tipo, derivadas de las causas mencionadas y podrían poner en riesgo el cumplimiento de las recomendaciones y hasta la prestación del servicio y por lo tanto amenazan al conjunto de pacientes y personal sanitario”.

“La grave situación heredada de la gestión anterior -como consecuencia de un sistema en el que el  valor de la cápita girada a las provincias es insuficiente para que éstas cumplan con sus obligaciones frente a los prestadores- requiere de recursos económicos extraordinarios para asegurar la continuidad y no llegar al colapso. Requiere de acciones urgentes y específicas para afrontar el COVID-19 preservando la vida de los pacientes bajo tratamiento (contratación de enfermeros adicionales para cubrir ausentismo y licencias, adecuación espacios para aislamiento, traslado exclusivo para pacientes potencialmente infectados, compra de insumos adicionales para extremar medidas de protección del personal y de los pacientes, entre otras)”, concluye el comunicado.