Se hará una quita de hasta 40% del capital y a diez años. Compensarán pasivos con recuperos y reintegros.
De acuerdo al plan que diseñó la flamante recaudadora federal Mercedes Marcó del Pont, la AFIP ejecutará una moratoria para pymes, que permitirá el refinanciamiento de deudas impositivas registradas al 30 de noviembre con una quita de hasta 40% del capital, en 120 cuotas, con el levantamiento de embargos y extinción de la acción penal.
La iniciativa ya tiene el aval del presidente Alberto Fernández y se está escribiendo su reglamentación para ponerla en marcha el 2 de enero.
El objetivo del Gobierno es dar a las pymes lo mismo que el país reclama al FMI y a los acreedores privados: tiempo para crecer y poder pagar. Por ello, dispondrá un período de gracia de seis meses.
Según informaron fuentes de la AFIP, en la Argentina hay unas dos millones de empresas que acumulan $ 440.000 millones de deuda con el fisco, entre pasivos en planes de pagos y otros no regularizados.
En los últimos dos años, por la ausencia de créditos a tasas accesibles, las pymes se financiaron de dos maneras en un contexto de recesión: con evasión fiscal y, a partir de abril de este año, con un plan de pagos de hasta 60 cuotas que lanzó el macrismo.
Como el escenario es de recesión con alta inflación y hay puestos de trabajo en peligro, la AFIP ofrecerá una moratoria agresiva con una quita al capital por los altos intereses resarcitorios.
Para una deuda de IVA, Ganancias o Bienes Personales por $ 1 millón, con el plan de pagos vigente el stock del capital adeudado crecía hasta los $ 2.100.000. Ahora, se refinanciará ese pasivo duplicando el plazo (hasta 120 meses) y con una quita del 40% del capital.
Para eso, la AFIP dará un período de gracia de seis meses, por lo que la primera cuota deberá pagarse el 16 de julio. Pero ésa será la fecha límite, por lo que si una pyme se inscribe en junio, igual deberá pagar al mes siguiente.
Como la situación económica es “de emergencia”, el plan contempla que las microempresas, que facturan hasta $ 21.990.000 al año, no deberán pagar el tradicional “anticipo” que sí exigieron las moratorias de 2001, 2008 y 2016.
