Por primera vez después de mucho tiempo, el atomizado lobby pyme aparece unificado detrás de una demanda puntual: la declaración de emergencia para este conglomerado empresario. No es para menos. Hoy las cámaras empresarias coinciden en que cierra un promedio de 45 Pymes por día. Y las estadísticas oficiales lo avalan.

Para que se entienda, el dato incluye desde el pequeño comercio o taller unipersonal hasta la empresa hecha y derecha de hasta 200 empleados (aunque en rigor la definición oficial de Pyme releva los niveles de facturación).

Todo empezó en mayo del 2017 cuando APYME (Asamblea de Pequeños, Medianos y Empresarios) presentó un proyecto de emergencia en la legislatura bonaerense que entre otros puntos contenía un pedido de rebaja de 50% en Ingresos Brutos; una baja en los impuestos inmobiliario y a los sellos y una Tarifa Pyme, que incluía una bonificación del costo de servicios energéticos.

En julio del 2018 Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) exigía un plan de congelamiento de los precios de la energía, créditos blandos para hacer frente a la crisis, y freno a las importaciones de productos que se fabricaran localmente. El dirigente industrial habló en ese entonces de la necesidad de declarar la Emergencia Pyme.

Unos meses después, en diciembre, desde la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) advertían que cerraban 25 empresas por día, engordando las cifras de desempleo y pobreza. Leo Bilanski, titular de la entidad, urgía respuestas: ”Necesitamos salvar 5 mil Pymes y 35 mil puestos de trabajo industrial en 2019. Si no hay legislaciones adecuadas y de emergencia, esta tendencia destructiva del aparato productivo nacional va a continuar a lo largo del próximo año”

Pero estos reclamos no fueron atendidos. Y algunos representantes de cámaras empresarias de gran porte, dejaban trascender socarronamente que se trataban de operaciones políticas.

No se sabe si fue por el giro copernicano de las PASO del 11 A, o por el peso de las evidencias con respaldo de las estadísticas oficiales, pero lo cierto es que las entidades que venían haciendo malabares para no ‘ofender’ al poder, en los últimos días se plegaron a la demanda de la Emergencia Pyme.

Es que la predicción de Bilanski se quedó corta. De acuerdo a las estadísticas de AFIP, que toman como fuente al Sistema Previsional Argentino (SIPA), entre enero y agosto de este año, el número de empleadores de la actividad privada (Boletín Anual-Cuadro 4.1) se redujo en 8835, lo que significa el cierre de 42 firmas por día hábil en ese período. En esa línea, la misma fuente, refiere un aumento en la cantidad de trabajadores que perdió su empleo: 36.376.

Para nada debió sorprender entonces el jueves pasado el INDEC cuando informó que en el último año 250 mil personas se habían sumado a las filas de desempleados. Una cifra en la que convergen las personas que perdieron sus puestos por el cierre de las fuentes de trabajo y aquellos que lo perdieron por el achique de las dotaciones, en todo el espectro empresario.

En este punto en particular, en el caso de las Pymes, hay un dato que ya es historia, pero que no puede olvidarse: durante la gran crisis (2002/2003), infinidad de estas empresas se desprendieron de personal y cuando se dio vuelta el ciclo (se superó la crisis) sus dueños reconocían que debieron haber hecho un esfuerzo mayor por retener -sobre todo- a los trabajadores calificados.

Se explica: cuando volvieron a tomar personal no existía en el mercado gente con las competencias que necesitaban, por lo que tenían que calificarla en muchos casos empezando de cero. Este aprendizaje caló hondo y hasta se transmitió de padres a hijos empresarios, pero aun así no pudieron evitar el ajuste interno.

Definitivamente este es el costo oculto de la crisis, con impacto en las cuentas empresarias a varios años vista. De allí la necesidad de reducir tarifas, favorecer el crédito a tasas blandas y rebajas impositivas para estas empresas, aun a expensas de un costo fiscal que en cualquier caso será muy inferior a algunas obras de la actual administración.

Después de todo se trata de gestionar los recursos fiscales y eso significa elegir en qué se gastan o se invierten. Las obras de infraestructura son IMPORTANTES para bajar los costos logísticos y mejorar la competitividad, pero evitar que las Pymes se fundan es URGENTE.

Sencillamente porque sin Pymes habrá más desempleo, más pobreza y muy pocas empresas en condiciones de aprovechar las ventajas logísticas de una modernización de la infraestructura.