*Mateo Shale, economista, especializado en Pymes 

El presidente Mauricio Macri anunció un paquete de medidas destinado a aliviar al castigado bolsillo de la clase media y de las pymes que se encuentran en deuda con la AFIP. Ambos sectores, que ya venían siendo golpeados por la realidad económica, ahora se verán nuevamente perjudicados ante una eventual escalada inflacionaria, que acentuará la recesión comenzada con la corrida cambiaria de abril de 2018.

La decisión de implementar reformas meramente paliativas, de corto plazo y con fines electorales parece estar destinada a compensar la respuesta que tuvo el mercado frente al resultado electoral de las PASO. Al día siguiente de los comicios el tipo de cambio aumentó en un 30% y el riesgo país se disparó y superó los 1.900 puntos, el máximo en más de una década, a pesar de la suba de 10 puntos porcentuales de la tasa de Leliqs, que restringe aún más el nivel de crédito y actividad.

Además, las principales variables de la economía, como por ejemplo las tarifas y el gasto público, están fuertemente indexadas al tipo de cambio y a la inflación, respectivamente, por lo que parecería una utopía alcanzar el equilibrio fiscal estipulado en el acuerdo con el FMI.

Frente a esta situación, los $2.000 extra que recibirán los asalariados privados no parecen suficientes. Si suponemos que el precio de la divisa norteamericana alcanzó un equilibrio en torno a los $60 por dólar, y dado que el pass through (el impacto que tiene en los precios una suba del tipo de cambio) en este momento es de alrededor de un tercio, tendríamos una inflación extra del 10% en los meses venideros, lo que daña el poder de compra del salario y retrae aún más el consumo.

La falta de un plan de contingencia frente a un resultado adverso en las PASO puso en evidencia la fragilidad económica en la que se basa este modelo y la nula capacidad de planificación que tiene el gobierno para delimitar sus objetivos y actuar conforme a alcanzarlos. Las medidas anunciadas, con sus marchas y contramarchas, no hacen otra cosa que empantanar una situación ya de por sí difícil y que necesita señales claras de sus dirigentes políticos para revertirse.

Para superar esta crisis, hubiese sido muy útil adoptar políticas de estado de manera ordenada y a largo plazo, que apunten, dentro de un marco, a atacar la falta de competitividad sistémica que tiene nuestro país.

Algunos de los temas principales que tienen que estar sí o sí en la agenda del desarrollo sostenible son los siguientes:

En materia impositiva, la reducción de la alta presión fiscal, principalmente de aquellos impuestos que recaen sobre los ingresos brutos o ventas dentro de la misma cadena de valor y que afectan de manera negativa la asignación de recursos y perjudican en mayor medida a las actividades productivas, lo cual desincentiva la industrialización.

Por otro lado, se podría trabajar desde la política monetaria para disminuir el costo de capital, que está siendo impulsado por una altísima tasa de interés de referencia que asfixia toda actividad productiva y que además hoy corre por detrás del dólar y la inflación.

Por último, pero no menos importante, hay que tener en cuenta la endeblez del sistema financiero local, el costo de las tarifas de energía y la falta de infraestructura, entre otros puntos para trabajar si queremos que el país vuelva a estar de pie sobre verdaderas bases sólidas.