Mientras el Senado sancionaba la Ley de Emergencia Alimentaria que tendrá vigencia hasta 2022, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, se sumó al pedido de una Ley de Emergencia Pyme, que ya fuera formulado por entidades como la CGERA y Empresarios Nacionales (ENAC), entre otras.
«La supervivencia de las pequeñas y medianas empresas depende de las medidas que se tomen en el plano tributario, financiero, energético, laboral y de consumo interno», sostuvieron directivos de CAME en un comunicado en el que solicitaron medidas concretas:
– Tasas diferenciales.
– Líneas de crédito productivas con tasas del 21%.
– Programa Repro (de recuperación productivoa) Pyme Express para sostener el empleo en empresas en crisis
– Mínimo no imponible sobre contribuciones patronales: adelanto del cronograma de la aplicación plena prevista en la Ley 27.430 y cargas sociales diferenciadas por zona para compensar al interior profundo.
– Suspender impuesto al cheque.
– Eximir del cobro de IVA e Ingresos Brutos en las boletas de luz, agua y gas.
– Suspensión del pago de anticipos de Ganancias.
En un contexto de derrumbe del salario, del consumo, y de la producción industrial récord, las Pymes representan el 44% del PBI nacional, que este año retrocederá 2,7%.
