El dato refleja el impacto de los despidos sin causa en el sector privado, con predominio en industria, comercio y construcción. En septiembre, más de 100 mil personas percibieron la prestación.
Durante los primeros 21 meses de la actual gestión gubernamental, un total de 286.391 trabajadores del sector privado accedieron a la Prestación por Desempleo, tras haber sido despedidos sin causa atribuible al trabajador. El dato, proveniente de la Seguridad Social, constituye un indicador de las cesantías provocadas por la falta de actividad o los ajustes empresariales.
Del total de altas registradas, 174.335 se produjeron en 2024 y 112.056 en los primeros nueve meses de 2025. Entre estas últimas, se destacan los despidos en la industria manufacturera (26.060), el comercio (23.098) y la construcción (18.776). También se contabilizaron 12.228 en actividades administrativas, 5.447 en servicios de comida y alojamiento, y 5.117 en transporte, entre otros rubros.
En septiembre, computando las bajas por reinserción laboral o finalización del beneficio, 100.344 personas percibieron la prestación, con un monto promedio de $274.324. De ese total, 69.303 eran varones y 31.041 mujeres. La mayoría residía en la Provincia de Buenos Aires (42.090), seguida por Santa Fe (7.451), Córdoba (7.416) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (6.454).
La Prestación por Desempleo está regulada por la ley 24.013 y contempla hasta 12 meses de cobertura, incluyendo asignaciones familiares, obra social y cómputo previsional. Para acceder, se requiere haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años previos al despido. En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, deben haber trabajado más de 90 días en el último año.
El monto y la duración del beneficio se calculan según los ingresos y meses trabajados, con un máximo de 12 cuotas. Los mayores de 45 años pueden cobrarlo durante seis meses adicionales. Según lo dispuesto por el Consejo del Salario Mínimo en 2023, la prestación debe equivaler al 75% de la mejor remuneración de los seis meses previos al despido, aunque con un piso del 50% y un tope del 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.
Cabe destacar que los empleados de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal no tienen derecho a esta prestación.
