La iniciativa buscará reducir “las injusticias distributivas” que generó la guerra en Ucrania sobre los precios, sostuvo el ministro Martín Guzmán.
El Gobierno elevó al Congreso el proyecto de Renta Inesperada y el ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró que su aprobación sería “un estricto acto de justicia social”.
“Enviamos el proyecto de ley de renta inesperada al Congreso de la Nación. Una iniciativa que busca reducir las injusticias distributivas que el impacto de la guerra en Ucrania sobre los precios genera en nuestra sociedad”, sostuvo el funcionario.
A través de su cuenta de Twitter, Guzmán puntualizó que la iniciativa grava con una alícuota de 15% a la renta inesperada y alcanzará a empresas con ganancias de más de $1.000 millones, que hayan crecido en términos reales, y cuyos márgenes sean muy altos (10%) o hayan subido más de 20% en 2022.
Además, el jefe del Palacio de Hacienda, resaltó: “Trabajamos para una Argentina con un sector privado pujante, que produzca más y genere más empleo. Y el verdadero progreso se da cuando el crecimiento es compartido. Este proyecto contribuye a ello”.
Así, enfatizó que “el acompañamiento del Congreso constituiría un estricto acto de justicia social”.
El Poder Ejecutivo estimó que el proyecto abarcaría a entre 350 y 360 grandes empresas que operan en el país. Según los cálculos de Economía, en 2021 unas 600 empresas ganaron más de $ 1.000 millones descontando gastos operativos y, en caso de mantenerse la misma situación en 2022, entre 350 y 360 compañías cumplirían los parámetros fijados para el pago de la renta inesperada.
Guzmán aclaró el martes en el foro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que no se trata de un nuevo impuesto: “Es una sobre alícuota de un año en un contexto de guerra en Ucrania que ha generado un gran problema distributivo en todo el mundo”.
Por otro lado, hizo referencia a otros países que “ya lo adoptaron, para sectores específicos. Por eso, para nosotros es importante, porque el Estado tiene la responsabilidad de establecer reglas de juego para una sociedad que progrese”.
Los empresarios de AEA rechazaron ese proyecto y señalaron que constituye “un retroceso”.
